"He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora, de morir."
Philip K. Dick: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?
“Hans Hoofman. Rechtsanwalt. Mitel Strasse 29, Berlin”.

Rechtsanwalt, abogado. O al menos eso era lo que, cincelado en letras góticas, otrora rezaba el rótulo dorado de latón atornillado a una placa de mármol del portal de un edificio de obra vista de la colorida y concurrida Mitel Strasse. Ironías del destino, la historia de nuestra civilización, nuestra historia, no deja de ser un bucle vicioso, en el que los acontecimientos, que no son más que trasunto de otros, se van repitiendo inexorablemente, a modo de déjà vu, si bien con escenarios económicos, sociales e ideológicos aparentemente distintos. Parecía que ya habíamos escarmentado de las atrocidades cometidas por el Tercer Reich, de las que activa o pasivamente todos fuimos cómplices, para qué engañarnos, y de las que a nadie apetecía hablar ni por asomo, en la confianza de que con el tiempo quedarían, sino olvidadas, cuando menos encastadas bajo la corteza de la memoria. Hará cosa de diez años que, fruto de la incesante investigación médica, científica y tecnológica, se dio con la clave para acabar de una vez por todas con todos los conflictos que planteaba la naturaleza y la convivencia humanas: la implantación de un chip en el lóbulo occipital del cerebro del individuo, centro del sistema visual de la percepción, que emitía vía satélite una señal codificada que, procesada a través de una computadora de última generación, permitía visualizar, en pantalla y a tiempo real, lo que a su vez las personas veían y oían, quedando registradas sus vivencias personales en cintas magnéticas de gran capacidad. Además, el chip retransmitía una señal acústica cuando, a causa de una alteración anímica anormal del sujeto, se activaba el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, lo que, a juicio de facultativos, delataba que se estaba cometiendo un delito. Aprovechando la oportunidad que le brindaba este avance (la panacea lo llamaron), “Papá Estado” promulgó una ley por la que obligaba a todos los ciudadanos, sin excepción, a implantarse el chip, bajo apercibimiento de pena de muerte. Si bien todos los operadores jurídicos alzaron unánimemente sus voces de protesta contra esa disposición, que daba cobertura a una intolerable ingerencia en la intimidad y libertad de las personas, la súbita disminución de la tasa de criminalidad, hasta quedar prácticamente atajada, acabó acallándolos, quedando sus reproches en simples murmullos inaudibles. Los derechos fundamentales del ciudadano a un proceso, a la defensa, contradicción y presunción de inocencia, audiencia de parte, al juez ordinario determinado por ley y a la asistencia letrada, quedaron vacuos de contenido, reducidos a vestigios de otra época; la hermenéutica de las normas jurídicas acabó en desuso: ya no se impartía justicia, se aplicaban rigurosamente sus consecuencias. La figura del juez fue sustituida por Consejos formados por tres miembros elegidos a dedo por el poder ejecutivo, que se limitaban a visualizar los hechos registrados en las cintas, en base a los cuales tomaban directamente sus decisiones no recurribles, sin oír a las partes implicadas, ni por ende a sus letrados. Como colofón, “Papá Estado” promulgó un Decretazo, por el que, a fin de eliminar conflictos civiles privados, se abolían los derechos a la propiedad e iniciativa privadas –eufemismo de “capitalismo”-, que fueron denostados, erradicados y seriamente penalizados. Adam Smith y su “laissez faire, laissez passer”, bastiones del liberalismo económico, quedaron desterrados y sumidos en las arenas del olvido. El sacrificio de la individualidad en pos de la salvaguarda del interés colectivo, la subordinación del individuo al bien común, a costa de sus derechos y libertades si hace falta, bonita teoría. “Papá Estado”, autoerigiéndose como “el único e indiscutible gurú” y “garante de una óptima gestión económica”, acabó interviniendo y nacionalizando las empresas y bancos del país, cuyo control pasó íntegramente a sus manos. Y nosotros, los operadores jurídicos, dóciles vasallos subyugados, hemos ido consintiendo y silenciando, sumisos, tales atropellos, eludiendo la responsabilidad que nos incumbe, faltando al deber que nos impone, nos guste o no, la ética y deontología de nuestra profesión, el leitmotiv de nuestra existencia. Hoy, tras concluir la jornada de trabajo en la planta siderometalúrgica en la que “Papá Estado” me destinó forzosamente como peón, pues la profesión de abogado fue suprimida mediante Orden Ministerial por innecesaria, callejeando sin rumbo por el Mitte de Berlín, he pasado por delante del edificio donde antaño estaba mi despacho. El rótulo sigue ahí, pero ya no brilla; está desvencijado y descolorido. La gente con la que a mi paso me voy cruzando es gris y anda cabizbaja. Y el espectro de Rosa Luxemburgo clamando por la restauración de las libertades individuales.